Diego dice que la investigación sobre Aquagest no le preocupa "lo más mínimo"
Una juez asturiana investiga a la empresa por tráfico de influencias, y entre los pagos aparece una invitación en 2010 al presidente cántabro y al consejero de Obras Públicas en un balneario
La magistrada de Instrucción número 3 de Avilés, que investiga un caso de corrupción en Asturias, ha recabado al Parlamento cántabro información sobre si el presidente Ignacio Diego y el consejero Francisco Rodríguez tenían cargos públicos en 2010 (entonces eran diputados de la oposición). La solicitud de la juez está relacionada con la estancia en agosto de ese año de Diego y Rodríguez en el balneario de Las Caldas, de Oviedo, que fue pagada por Aquagest. Esta empresa está siendo investigada dentro de la denominada ‘operación Pokemon’ abierta en algunos ayuntamientos de Galicia y que supuestamente se habría extendido a otros de Asturias, donde la firma gestionaba los servicios municipales del agua.
El juzgado ha dictado una providencia en la que cita como imputada a la empresa por la presunta comisión de un delito continuado de tráfico de influencias, así como de un delito continuado de fraude y exacciones ilegales. En uno de los apartados de la providencia, contra la que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días, la magistrada identifica a cuatro personas que estuvieron alojadas en el balneario de Las Caldas a cuenta de Aquagest.
Se trata del presidente Ignacio Diego, el consejero de Obras Públicas, Francisco Javier Rodríguez Argüeso, el actual director general de Administración Local del Principado y exconcejal socialista del Ayuntamiento de Llanes, Francisco José Balmori, y la exconcejala del PP en el Ayuntamiento de El Franco y exdiputada del Parlamento asturiano Rebeca Heli Álvarez Martínez. Diego ha declarado hoy jueves que la investigación no le preocupa "lo más mínimo".
Según las diligencias judiciales, Aquagest obsequiaba a políticos del PP y el PSOE y a sus familiares con estancias en el balneario asturiano, convertido en su centro de operaciones. Por eso la juez requirió al director del hotel, Fernando Sánchez, la lista completa de las personas que se alojaron en ese establecimiento con cargo a la citada empresa. Es en este contexto en el que aparece que el empresario pagó 502 euros por el alojamiento de Diego en el balneario entre los días 13 y 15 de agosto de 2010.
La polémica por la estancia del hoy presidente en el balneario de Las Caldas saltó a la palestra el pasado mes de junio, aunque en aquel momento no apareció citado el consejero Rodríguez Argüeso. Entonces Diego explicó que realizó personalmente una reserva a su nombre en el Hotel Las Caldas, de Oviedo, un alojamiento al que ya había acudido en anteriores ocasiones con su familia y que siempre había pagado de su bolsillo. Esta vez, en agosto de 2010, acudió con su esposa. La reserva era para tres días y el último coincidió a la hora del desayuno con Henry Laiño, director de Aquagest, a quien Diego conocía por ser el cuñado de «un gran amigo» suyo y no en calidad de responsable de la multinacional. Ambos departieron durante un buen rato y se despidieron. Pero cuando el dirigente popular fue a pagar la factura, se encontró con que ya había sido abonada por Laiño. A pesar de ello, el presidente dice que intentó pagar la estancia, pero «no fue posible». Diego dispone de certificados de su banco que prueban que fue él quien realizó la reserva con su tarjeta.
Diego no niega estar «disgustado» por el asunto. «Verme rebozado en este tema por poco más de 200 euros, claro que me disgusta», enfatiza, aunque no así sus consecuencias judiciales que cree que serán nulas. «No me preocupa lo más mínimo», señaló.
La Presidencia del Gobierno de Cantabria emitió ayer un comunicado en el que niega que Diego y Rodríguez estén bajo investigación judicial. La nota pretende disipar toda sombra de duda sobre la honorabilidad de los aludidos. «El presidente se paga, como es lógico, sus propios viajes privados», dice, al tiempo que subraya que tanto el jefe del Ejecutivo como el consejero de Obras Públicas «prestarán su total colaboración» con la justicia. Además, el Gobierno recuerda que «en el año 2010 el único cargo que ostentaban ambos era el de diputados de la oposición en Cantabria, sin que sus cometidos pudieran tener influencia alguna en el objeto de la instrucción judicial».
Documentación
En su providencia la juez ordena que se libre oficio al Parlamento cántabro para que certifique qué cargos ostentaban Ignacio Diego y Rodríguez Argüeso en agosto de 2010 y reclama también de la Cámara asturiana que detalle los cargos de Balmori y Álvarez Martínez en febrero de 2010 y octubre de 2009, respectivamente.
Asimismo, en atención a un informe de la Brigada de Policía Judicial, el magistrado pide al balneario de Las Caldas que facilite copia de la factura o facturas abonadas por Aquagest en 2009 e identifique a las personas que disfrutaron de sus instalaciones. Por último, solicita a la empresa Viajes Avenida que identifique a la persona que contrató un viaje a A Coruña del 16 al 18 de octubre de 2009 abonado por Aquagest. La juez también pide a la Policía que averigüe el paradero de Henry Laiño, del que solicita conocer además los cargos que ostentó en Aquagest.
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